PS 1096 divide a juristas sobre reforma estructural al Poder Judicial de Puerto Rico
El 20 de mayo de 2026, la Comisión de lo Jurídico del Senado celebró vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 1096, radicado por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, que propone reemplazar la Ley de la Judicatura de 2003, eliminar la categoría de jueces municipales y establecer un modelo de coadministración entre el pleno del Tribunal Supremo y el juez presidente. Profesores de derecho, un juez apelativo y juristas expusieron posturas encontradas: algunos apoyaron el proyecto tal como está redactado, otros lo rechazaron por entender que altera el diseño constitucional, y otros lo respaldaron solo con enmiendas.
El debate central gira en torno a si redistribuir el poder administrativo del juez presidente al pleno de nueve jueces del Tribunal Supremo constituye un cambio inconstitucional a la separación de poderes o una corrección necesaria. En lo concreto, la conversión de jueces municipales a superiores deja sin respuesta si esa transición sería automática o requeriría nuevo nombramiento gubernamental, y la brecha salarial vigente —$19,031 anuales entre ambas categorías— podría perpetuarse si el proyecto no la atiende expresamente.
El PS 1096 busca sustituir la Ley de la Judicatura vigente desde 2003; varios ponentes reconocieron que esa ley necesita actualización, aunque discreparon sobre el alcance de los cambios propuestos. La medida también crea un Patronato del Poder Judicial con facultad para recibir donativos y un fideicomiso adscrito, elementos que no fueron el foco principal de la discusión en las vistas.
Esta nota ilumina el hilo permanente de tensión entre los poderes del Estado en Puerto Rico y los intentos legislativos de redefinir los límites constitucionales de la Rama Judicial.