ACLU anticipa reactivación de casos paralizados tras fallo del Primer Circuito sobre PROMESA
Tras el fallo del Primer Circuito que confirmó que el Plan de Ajuste de la Deuda bajo PROMESA no extingue reclamaciones personales contra funcionarios por violaciones de derechos civiles, la ACLU de Puerto Rico celebró la decisión y advirtió que un sinnúmero de casos paralizados bajo ese pretexto deberán ahora poder continuar en los tribunales. La directora ejecutiva Annette Martínez Orabona y el director legal Fermín Arraiza Navas indicaron que el fallo valida los argumentos presentados por la organización ante el foro apelativo.
La reactivación de múltiples demandas paralizadas bajo PROMESA implicaría que funcionarios y exfuncionarios enfrentarían responsabilidad personal por alegadas violaciones de derechos civiles que habían quedado en suspenso durante el proceso de reestructuración de la deuda.
El caso central fue iniciado por Jonathan Hernández Zorrilla y Yadira Carrasquillo González, quienes alegan uso excesivo de fuerza durante una manifestación en San Juan el 1 de mayo de 2018; la Junta de Supervisión Fiscal había apelado una orden de la jueza federal Laura Taylor Swain para mantener paralizadas esas reclamaciones.
La nota ilumina el hilo de cómo el proceso de reestructuración de la deuda pública bajo PROMESA intersecta con los derechos constitucionales de los ciudadanos y los límites de la autoridad de la Junta de Supervisión Fiscal.