Primer Circuito devuelve a Puerto Rico pleito por destitución de tres miembros de la Junta Fiscal
El 17 de agosto de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ordenó devolver al Tribunal federal del Distrito de Puerto Rico el pleito sobre la destitución de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal Arthur J. González, Andrew G. Biggs y Betty A. Rosa, ordenada por el presidente Donald Trump en agosto de 2025. El caso regresa ante la jueza federal María Antongiorgi-Jordán a la luz del precedente establecido por el Tribunal Supremo federal en Trump v. Cook.
La decisión no resuelve en los méritos si Trump podía destituir a los tres integrantes ni revoca el interdicto preliminar que les permitió permanecer en sus cargos; en cambio, obliga al Tribunal de Distrito a reevaluar el caso bajo el nuevo precedente del Supremo sobre remociones presidenciales 'por causa'. El resultado podría redefinir los límites del control presidencial sobre la Junta Fiscal, el organismo que supervisa las finanzas de Puerto Rico bajo PROMESA.
PROMESA establece que los miembros de la Junta son nombrados por el presidente para términos de tres años y solo pueden ser removidos 'por causa'. Antongiorgi-Jordán emitió en octubre de 2025 un interdicto preliminar al concluir que las destituciones iniciales —notificadas sin razón expresa ni oportunidad de ser escuchados— probablemente violaron esa protección estatutaria.
Esta nota ilumina el hilo de la tensión entre el poder ejecutivo federal y los organismos de supervisión fiscal de Puerto Rico, y hasta dónde llega la autonomía de la Junta creada por PROMESA frente a la voluntad presidencial.