Organizaciones rechazan proyecto del Senado que obligaría a grabar sesiones de terapia
Un frente interdisciplinario de organizaciones que atienden a menores y personas con discapacidad rechazó el Proyecto del Senado 1301, radicado por la senadora Brenda Pérez Soto, que enmendaría la Carta de Derechos del Paciente para exigir grabaciones en audio y video de intervenciones terapéuticas individuales. Las entidades advirtieron que, de aprobarse, cesarán de atender a pacientes menores antes de violar los principios de confidencialidad de sus especialidades.
El proyecto, según las organizaciones, entraría en conflicto directo con leyes federales como HIPAA y FERPA, estatutos de Puerto Rico y protecciones constitucionales de privacidad, además de imponer costos adicionales a proveedores de salud en un contexto de fuga de profesionales.
La medida fue referida a la Comisión de Salud del Senado presidida por el senador Juan Oscar Morales. Las organizaciones invocan el caso Ortiz García v. Meléndez Lugo (2005 TSPR 19), en el que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció el privilegio psicoterapeuta-cliente y la protección de la confianza del menor en su terapeuta.
La controversia ilustra la tensión persistente entre iniciativas legislativas de supervisión y los marcos legales de privacidad que protegen a poblaciones vulnerables en Puerto Rico.