MVC y PIP exigen investigar compra de votos con drogas en penales tras reportaje de ProPublica
El 13 de mayo de 2026, el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIP exigieron una investigación sobre denuncias de un esquema en que miembros de la pandilla Los Tiburones y personal del Departamento de Corrección habrían presionado a reclusos e intercambiado drogas por votos a favor de la gobernadora Jenniffer González en las elecciones de 2024. Las delegaciones del PIP en Senado y Cámara presentaron la resolución RS 500 para ordenar una pesquisa legislativa formal.
La investigación federal habría reunido pruebas del esquema y presentado una acusación contra 34 reclusos en diciembre de 2024, pero el presidente Donald Trump ordenó detenerla el 2 de mayo sin que se radicaran cargos ni se ofreciera explicación pública. La Comisión de Derechos Civiles, a través de su director Lcdo. Ever Padilla, había documentado previamente violaciones a la privacidad de reclusos durante el proceso de votación.
La senadora del PIP María de Lourdes Santiago señaló que las alegaciones de intervención partidista en espacios carcelarios y el trasiego de sustancias anteceden al reportaje de ProPublica. La RS 500 instruye a las comisiones de Seguridad Pública del Senado y la Cámara a realizar una pesquisa exhaustiva que incorpore también los hallazgos de la Comisión de Derechos Civiles.
Esta nota ilumina el hilo persistente de la integridad electoral en Puerto Rico y la pregunta de si las instituciones —locales y federales— investigan las irregularidades del sistema de votación con independencia real y rendición de cuentas.