El 23 de abril de 2026, organizaciones feministas y sectores de la sociedad civil marcharon desde la avenida Ponce de León en Río Piedras hasta la Plaza de la Convalecencia en respuesta al referido de la senadora Joan Rodríguez Veve al Departamento de Justicia contra varias clínicas que ofrecen servicios de aborto, por alegadas irregularidades en el cumplimiento de las excepciones legales vigentes.

El referido activó un debate público sobre si los servicios de aborto —actualmente legales en Puerto Rico bajo excepciones reguladas por el Departamento de Salud— podrían enfrentar escrutinio legal, generando incertidumbre entre pacientes y proveedores de salud reproductiva en la isla.

Desde la anulación de Roe v. Wade en 2022, las clínicas de aborto en Puerto Rico han operado bajo un protocolo del Departamento de Salud que exige documentación firmada por paciente y médico para justificar cada procedimiento; la senadora Rodríguez Veve, del Partido Dignidad, ha promovido restricciones al aborto desde que llegó a la Legislatura.