Junta Fiscal objeta distribución de $9.4 millones a 20 municipios seleccionados sin criterios claros
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le pidió a la gobernadora Jenniffer González que no firme dos resoluciones conjuntas que distribuirían $9.4 millones —provenientes del fondo de máquinas tragamonedas bajo la Ley 11-1933— entre 20 municipios, excluyendo a los otros 58. La JSF señala que las medidas no explican por qué se seleccionaron esos municipios ni cómo se determinaron montos individuales que van de $50,000 a $1.2 millones.
La objeción expone una posible distribución discrecional de fondos públicos sin justificación técnica documentada; además, la JSF destacó que de los 20 municipios beneficiados, solo dos —Hatillo y Quebradillas— tienen alcaldes del Partido Popular Democrático.
El dinero proviene de la partida reservada para gobiernos municipales generada por las máquinas tragamonedas, habilitada por la Ley 11-1933 y enmendada en 2024. La JSF tiene facultad para objetar legislación que considere inconsistente con el plan fiscal.
Esta nota ilumina la tensión persistente entre la Legislatura, el ejecutivo y la JSF sobre el control y la transparencia en la asignación de fondos públicos a los municipios.