Junta de Supervisión Fiscal no detalla sus principales proveedores ni ahorros por cargos objetados
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sostuvo que sus asesores son contratados mediante procesos competitivos y que sus facturas pasan por revisiones independientes, pero al ser cuestionada no identificó a sus diez principales proveedores desde 2016 ni detalló cuánto dinero ha reducido o recuperado por cargos objetados a contratos del Gobierno.
La JSF tiene autoridad bajo la ley federal PROMESA para examinar y cuestionar contratos del Gobierno de Puerto Rico, por lo que la ausencia de un desglose completo de sus propios gastos y resultados de fiscalización limita el escrutinio público sobre el organismo que exige transparencia a otras entidades.
La solicitud de información forma parte de una investigación sobre los procesos de contratación pública y la fiscalización de recursos. La Junta ha requerido en múltiples ocasiones información adicional al Gobierno para evaluar el costo de determinados acuerdos, y ahora enfrenta preguntas equivalentes sobre sus propias contrataciones.
Ilumina el debate sobre quién fiscaliza a los fiscalizadores en la estructura de gobernanza fiscal impuesta por PROMESA.