Juez federal ordena unidad de auditorías de integridad policial para marzo de 2027
El juez federal Francisco A. Besosa ordenó el 13 de mayo que la Policía de Puerto Rico tenga lista para marzo de 2027 una unidad de auditorías de integridad para agentes, requisito de la reforma federal que la administración del exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia no implantó pese a un plazo de junio de 2025. El juez calificó la negativa como 'totalmente inaceptable' y advirtió que no tolerará incumplimiento.
La demora significa que desde 2021 la Oficina del Comisionado Especial de la reforma ha intentado sin éxito que la Uniformada cumpla con este requisito, prolongando el déficit de supervisión de conducta policial ante los tribunales federales.
La Policía de Puerto Rico lleva años bajo un acuerdo de reforma federal que exige cambios estructurales en sus prácticas; las auditorías de integridad —que incluyen pruebas de comportamiento de agentes— son uno de los componentes pendientes que el propio Special Master ha señalado como rezagados desde al menos 2021.
Esta nota ilumina el hilo del cumplimiento —o incumplimiento— de la reforma federal a la Policía, uno de los procesos institucionales de mayor alcance para la seguridad pública en Puerto Rico.