JSF impone su presupuesto a la UPR tras rechazar dos propuestas universitarias
El 29 de junio de 2026, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuso su propio presupuesto para la Universidad de Puerto Rico (UPR) luego de rechazar dos propuestas presentadas por la administración universitaria —el 10 y el 23 de junio— por no cumplir con la Ley PROMESA ni con el plan fiscal. El presupuesto certificado por la Junta fija en $177.1 millones la partida para el pago de pensiones, cifra basada en un estudio actuarial propio.
La JSF determinó que la aportación al sistema de pensiones propuesta por la UPR era insuficiente y fiscalmente irresponsable conforme al plan fiscal revisado; al imponer el presupuesto, la Junta desplaza la autoridad de la institución universitaria sobre sus propias finanzas para el año fiscal 2027.
La tensión entre la JSF y la UPR sobre el financiamiento de pensiones no es nueva: la Junta había señalado en múltiples ocasiones previas que la UPR subestimaba la aportación requerida a su plan de beneficios definidos, y citó el plan fiscal revisado del 2021 como marco de referencia para sus exigencias.
Este episodio ilumina el hilo permanente del control fiscal federal sobre las instituciones públicas de Puerto Rico y sus consecuencias concretas para la autonomía universitaria y la seguridad económica de sus empleados.