JSF exige a alcaldes frenar implementación de dos leyes municipales bajo revisión de PROMESA
El 1 de junio de 2026, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, envió una carta a los presidentes de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, y de la Asociación de Alcaldes, Jorge González Otero, exigiendo que instruyan a sus miembros a no implementar las leyes 141 y 215 de 2024 mientras el organismo completa su evaluación bajo PROMESA. La JSF advirtió que podría tomar acciones para anular o impedir la ejecución de ambas medidas si los municipios no certifican antes del 22 de junio que han acatado la directriz.
Las dos leyes elevan los umbrales para subastas y compras directas en contratos municipales y autorizan cobros de arbitrios de construcción en proyectos financiados con fondos federales; la JSF advierte que aplicar esas disposiciones podría encarecer la reconstrucción energética y comprometer futuras asignaciones federales a Puerto Rico. Varios municipios ya habrían comenzado a implementarlas pese a que el proceso de revisión no ha concluido.
En enero de 2025, la JSF había determinado que la Ley 141 de 2024 era incompatible con PROMESA por aumentar de $200,000 a $500,000 el umbral para requerir subastas en proyectos municipales y permitir contratos de hasta $1 millón sin subasta en emergencias declaradas. La nueva carta escala esa disputa al sumar la Ley 215 de 2024, que duplicó el umbral para propuestas selladas y amplió el límite para microcompras sin proceso competitivo.
Esta confrontación refleja la tensión estructural entre la autoridad fiscal federal que ejerce la JSF bajo PROMESA y la autonomía que reclaman los municipios para gestionar sus contratos y recursos.