Departamento de Justicia anuncia $2.7 millones para modernizar albergue de víctimas y testigos en Bayamón
El secretario de Justicia, el licenciado Garibaldi Adorno Rivera, anunció el domingo 31 de mayo la asignación de $2.7 millones —aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el viernes anterior— para la segunda fase de transformación del Albergue de Víctimas y Testigos del Departamento de Justicia en Bayamón. El anuncio se produjo días después del feminicidio de Gemillies Lozada Navarro, de 25 años, asesinada por su expareja el martes previo.
La inversión busca llevar el albergue a máxima capacidad operacional por primera vez desde la década de los 90, reforzando la protección de víctimas, testigos cooperadores y sus familiares, lo que según el secretario incide directamente en el esclarecimiento de casos criminales. Además, se habilitarán vistas judiciales desde el propio albergue para reducir los riesgos de traslado.
Una primera etapa de modernización ya canalizó $13.5 millones en fondos federales para mejorar seguridad, capacidad y resiliencia del complejo. El albergue opera bajo la Ley 62, que reorganiza la instalación en dos secciones separadas —una para víctimas y otra para testigos cooperadores— y establece que su administración recae en el jefe de los fiscales.
Esta nota ilumina el hilo de inversión pública en infraestructura de justicia y protección a víctimas en Puerto Rico, donde la aprobación de la JSF sigue siendo el filtro que determina el ritmo y alcance de esas mejoras, y donde el feminicidio de Lozada Navarro recuerda las brechas que persisten en la prevención.