Investigan fraudes en inscripción de propiedades vendidas de forma irregular en Puerto Rico
Una investigación conjunta del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y Rayos X documentó un caso en el que Miguel Ángel Álvarez Pérez utilizó una escritura falsa, atribuida al notario Esteban García Malatrasi y con la firma de un exfuncionario del Departamento de la Vivienda que niega haber comparecido, para reclamar como suyas 1.78 cuerdas en Guayama que en realidad pertenecen a la agencia. La escritura fue inscrita en el Registro de la Propiedad y sirvió de base para una certificación registral presentada en el Tribunal de Primera Instancia de Guayama, que en septiembre de 2025 ordenó a un pescador desalojar el terreno.
El caso expone cómo la fe pública notarial y la fe pública registral permiten que documentos falsos burlen los controles de agencias como Vivienda y del Registro de la Propiedad sin que nadie verifique su contenido. Expertos consultados plantean mecanismos de validación interagencial, como el cotejo automatizado con el Registro Demográfico, para detectar escrituras otorgadas a nombre de personas fallecidas antes de su inscripción.
El Registro de la Propiedad, dependencia del Departamento de Justicia, inscribe documentos sobre transacciones de bienes inmuebles confiando en que el notario ya verificó su autenticidad. En Puerto Rico hay unos 8,300 notarios y notarias autorizados por el Tribunal Supremo. La investigación identificó además un caso en Santurce donde una escritura de 2006 fue suscrita por el notario Humberto Ramírez Ferrer, suspendido de forma indefinida desde mayo de 2005.
El caso toca el hilo de la fiscalización de la propiedad inmueble y la confianza institucional en los mecanismos de registro, un tema que conecta con señalamientos sobre ventas irregulares de bienes públicos y privados en la isla.