Hospitales buscan subsidio energético mientras Ley 22 de 2016 impone límites
Hospitales, laboratorios clínicos y administradores de servicios de salud buscan un subsidio o tarifa diferencial para mitigar el alza en sus facturas eléctricas, tras una reunión con el Negociado de Energía. El abogado y exsenador Ramón Luis Nieves advirtió que cualquier subsidio debe cumplir con la Ley 22 de 2016, que exige una fuente clara de repago y prohíbe que el costo recaiga sobre otros abonados.
El Sistema de Salud San Juan Capestrano reportó un alza de 66% en su tarifa desde el comienzo del año, con una factura mensual que pasó de aproximadamente $47,900 a cerca de $79,638. La presidenta del Colegio de Administradores de Servicios de Salud, Tania Conde Sterling, anunció que radicarán un proyecto la próxima semana para lograr un ajuste tarifario diferencial para las organizaciones que proveen servicios de salud.
La Ley 22 de 2016 fue diseñada para evitar que el costo de subsidios recaiga sobre el resto de los consumidores del sistema eléctrico. Los laboratorios clínicos también reportan aumentos de entre 20% y 30% en sus facturas, y el sector sostiene que la energía renovable no cubre la demanda de equipos como SCAN o MRI, por lo que seguirá dependiendo del servicio de LUMA.
Ilumina la tensión entre el costo energético y la viabilidad de servicios esenciales, un hilo central de la crisis eléctrica y su impacto en sectores que no pueden trasladar los aumentos al consumidor.