OCIF: multas a Allied surgieron meses antes de la ruptura, no de vendetta personal
La comisionada de la OCIF, Mónica Rodríguez Villa, declaró en conferencia de prensa el lunes 12 de mayo de 2026 que las acciones regulatorias contra Allied Fleet Services y AAA Car Rental comenzaron desde marzo de 2024 por incumplimientos documentados —incluyendo falta de informes trimestrales y estados financieros auditados— y que sus fechas no coinciden con la narrativa de represalia presentada en la declaración jurada del gerente de Allied. Rodríguez Villa también confirmó que las licencias de ambas empresas fueron renovadas el 1 de abril de 2026 tras someter la documentación pendiente.
La OCIF supervisa instituciones financieras en Puerto Rico, y su credibilidad como ente regulador depende de que sus procesos sean percibidos como técnicos e imparciales; la comisionada reconoció además que la agencia todavía evalúa si abrirá una investigación interna sobre los mensajes atribuidos a la excomisionada Natalia Zequeira, lo que mantiene abierta la pregunta sobre si hubo conducta impropia dentro de la oficina.
El escándalo estalló cuando el representante popular Domingo Torres García presentó un referido ante el Departamento de Justicia contra Rodríguez Villa y Zequeira, acompañado de una declaración jurada del gerente general de Allied y de mensajes donde supuestamente se hablaba de imponer un 'croqueta fee' y un 'cabrón fee' contra la empresa; el referido continúa bajo evaluación de Justicia.
Esta nota ilumina el hilo de la responsabilidad institucional en Puerto Rico, donde la línea entre fiscalización regulatoria legítima y posible uso indebido de agencias del Estado sigue siendo objeto de escrutinio público y judicial.