FBI investiga contrato de $5,800 millones con Power Expectations por posible delito federal
El FBI abrió una investigación sobre el contrato de $5,800 millones adjudicado a Power Expectations ante la posibilidad de un delito federal. La Junta de Supervisión Fiscal rechazó la defensa del director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Osvaldo Carlo, y anunció que no aprobará los contratos de generación relacionados.
Un contrato de esa magnitud —el más grande en la historia reciente del sector energético de Puerto Rico— quedó bajo escrutinio federal simultáneamente con el rechazo de la Junta Fiscal, lo que paraliza el proceso de contratación de generación eléctrica en un sistema ya frágil.
El caso escaló rápidamente: la gobernadora Jenniffer González convocó a los implicados a reunirse con ella; el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz cuestionó el contrato públicamente; y el líder del PIP, Manuel Dalmau, exigió la destitución del zar de Energía. LUMA tiene 10 días para determinar cuánta generación temporera necesita el sistema.
Este caso ilumina la fragilidad de la gobernanza energética en Puerto Rico, donde la supervisión federal, la Junta Fiscal y los poderes electos colisionan en torno a contratos multimillonarios que determinan la estabilidad del servicio eléctrico.