Expertos jurídicos chocan en vistas sobre reforma al Poder Judicial en el Senado
El 20 de mayo de 2026, la Comisión de lo Jurídico del Senado celebró vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 1096, radicado por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, que propone reemplazar la Ley de la Judicatura de 2003 con una nueva estructura que incluye coadministración entre el Tribunal Supremo y su juez presidente, la eliminación de la categoría de jueces municipales y la creación de un Patronato del Poder Judicial. Profesores de derecho, un juez de apelaciones y juristas presentaron posturas encontradas: algunos apoyaron el proyecto con enmiendas, mientras otros advirtieron que altera el diseño constitucional de la Rama Judicial.
El proyecto afecta directamente a decenas de jueces municipales, cuya conversión a jueces superiores permanece ambigua, y podría generar una brecha salarial de $19,031 anuales entre jueces con el mismo título y funciones. Críticos advierten que el modelo de coadministración —donde nueve jueces del Supremo tomarían decisiones administrativas de forma colegiada— haría el sistema judicial más lento e impráctico.
La Ley de la Judicatura vigente data de 2003 y concentra amplias facultades administrativas en la figura del juez presidente del Tribunal Supremo. El PS 1096, presidido en vistas por el senador Ángel Toledo López, representa el intento legislativo más reciente de redistribuir ese poder hacia el pleno del Supremo, aunque al menos un ponente advirtió que el alcance del cambio requeriría enmienda constitucional.
Esta nota ilumina la tensión estructural entre los poderes Legislativo y Judicial en Puerto Rico, y el debate sobre si los cambios en la administración de los tribunales deben hacerse por ley ordinaria o por reforma constitucional.