DCR lleva 15 días sin pagar renta y enfrenta posible desahucio de su sede en Hato Rey
El Departamento de Corrección y Rehabilitación no ha pagado renta desde que venció su contrato provisional el 30 de junio de 2026, y los dueños del edificio en Hato Rey presentaron una demanda de desahucio ante el Tribunal de San Juan; la jueza Lorimar Barreto Vincenty dejó la orden en suspenso por 10 días, condicionada a que se salde el periodo de ocupación sin contrato.
La sede central del DCR —agencia que supervisa el sistema correccional de Puerto Rico— podría quedar sin hogar si no se resuelve el impasse de arrendamiento, lo que afectaría operaciones administrativas de una institución con miles de empleados y confinados bajo su custodia.
La Junta de Supervisión Fiscal paralizó las negociaciones para renovar el contrato por cinco años, lo que obligó al DCR a operar bajo un acuerdo provisional que expiró sin que se cerrara un nuevo arrendamiento; la agencia alega contar con autorización del secretario de la Gobernación Francisco Domenech y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, pero la JSF exigió un proceso competitivo que aún no ha concluido.
Este caso ilumina cómo la supervisión fiscal de la JSF puede generar vacíos contractuales que paralizan funciones básicas del gobierno y exponen a agencias del estado a acciones legales privadas.