Corte Suprema federal falla que terminación del TPS para Haití no es revisable judicialmente
El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de los EE.UU. resolvió en Mullin v. Doe que las decisiones del secretario de Seguridad Nacional de cancelar el TPS para Haití y Siria no están sujetas a revisión judicial, y devolvió el caso a tribunales de distrito para que emitieran órdenes de ejecución.
La decisión abre la puerta a que la administración Trump cancele el TPS de Haití sin obstáculo judicial efectivo, afectando a los beneficiarios haitianos cuyos documentos de empleo (EAD) estuvieron prorrogados hasta el 27 de julio de 2026 en espera de una orden de implementación.
El TPS para Haití había sido objeto de múltiples batallas legales desde que el DHS anunció su terminación en febrero de 2025; en abril de 2026 la Cámara de Representantes votó de forma bipartidista 224–204 a favor de prorrogar el estatus hasta 2029, pero el proyecto aún no había culminado el proceso legislativo.
El caso ilustra el choque entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en torno a la política migratoria federal, con consecuencias directas para comunidades inmigrantes que residen también en Puerto Rico.