Contraloría detecta cuentas de exempleados activas y fallas de ciberseguridad en Vivienda Pública
La contralora Carmen Vega Fournier publicó una auditoría de tecnología de información a la Administración de Vivienda Pública que identificó 23 cuentas de exempleados activas al 31 de diciembre de 2024, 412 cuentas sin uso por más de 90 días, y la ausencia total de planes de ciberseguridad, contingencia y recuperación de desastres. La auditoría cubrió del 1 de enero de 2022 al 4 de junio de 2025 y concluyó con opinión cualificada por seis hallazgos.
El Sistema Yardi afectado almacena información confidencial sobre composición familiar, situación económica y circunstancias personales de solicitantes y residentes de vivienda pública; la agencia manejó presupuestos de entre $562 millones y $900 millones durante los años fiscales auditados. La ausencia de planes de contingencia expone esa información y los servicios a interrupciones prolongadas y pérdida de datos ante cualquier incidente tecnológico.
La Administración de Vivienda Pública usa el Sistema Yardi para gestionar proyectos de vivienda, mantenimiento, asignación de unidades y el Programa de Sección 8. La propia agencia reconoció en sus comentarios que no cuenta con personal especializado en ciberseguridad y solicitó autorización para contratar recursos externos.
Esta nota ilumina el hilo de la fragilidad institucional del gobierno de Puerto Rico ante riesgos digitales, donde agencias que manejan datos sensibles de poblaciones vulnerables operan sin controles básicos de seguridad informática.