Representante Torres exige a Justicia y Ética investigar hallazgos de Contraloría en Cataño
El representante por acumulación Ramón Torres exigió este fin de semana al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental actuar "de manera inmediata" ante los hallazgos del informe de la Oficina de la Contralora sobre el Municipio de Cataño, que documenta presunto uso indebido de fondos, equipos, vehículos y sistemas municipales para fines político-partidistas y personales. Torres también llamó al DRNA a atender los referidos de la Contralora y rendir cuentas públicas.
La exigencia legislativa añade presión formal sobre las agencias investigativas del Ejecutivo para que actúen sobre un expediente ya referido por la propia Contralora, que incluye alegaciones de propaganda política con recursos públicos, pagos indebidos y uso de maquinaria gubernamental para fines privados. Torres advirtió que el país espera "consecuencias reales" y no que el informe quede "engavetado".
El informe OC-26-29 de la Oficina de la Contralora sobre Cataño desató una disputa pública desde el 16 de mayo de 2026: el municipio acusó a la OCPR de publicarlo en medio de un proceso judicial activo, la OCPR respondió que confía en prevalecer ante el tribunal, y la portavoz del PPD en la Legislatura Municipal, Betzy Bauzá, señaló que los hallazgos —incluyendo $12,656 en pagos indebidos y más de $75,600 a un bufete sin enmiendas contractuales— confirmaban denuncias previas de su partido.
El caso de Cataño concentra en un solo informe de auditoría la tensión entre fiscalización pública, disputa entre poderes y competencia político-partidista, un patrón recurrente en la gobernanza municipal de Puerto Rico.