Colegio de Abogados rechaza Ley 82-2026 mientras líderes legislativos bloquean enmiendas
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico rechazó la Ley 82-2026, que exige una fianza mínima del 10% del valor de un proyecto para solicitar su paralización, señalando que representa una barrera económica al acceso a los tribunales. El presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez, anunció que no dará paso al proyecto de enmienda promovido por el propio autor de la ley, el representante Jorge Navarro Suárez, y el presidente senatorial tampoco favorece modificarla.
Con los líderes de ambas cámaras opuestos a enmendar la ley, comunidades de bajos recursos y organizaciones de base comunitaria quedan sin un mecanismo asequible para impugnar proyectos de construcción ante los tribunales o agencias administrativas. El rechazo del Colegio amplía el frente institucional de presión, pero sin apertura legislativa el acceso a recursos extraordinarios permanece restringido.
La Ley 82-2026 modifica el Artículo 14.1 de la Ley 161 de 2009, que hasta su aprobación permitía a ciudadanos y comunidades presentar recursos extraordinarios ante irregularidades en procesos de permisos; juristas y columnistas ya habían cuestionado su constitucionalidad desde su firma.
Esta nota profundiza el hilo del acceso a la justicia ambiental y comunitaria en Puerto Rico, donde los requisitos económicos para litigar proyectos de desarrollo determinan quién tiene voz ante los tribunales.