Asociación de Constructores pide paridad federal en límites de ingreso para ayuda de vivienda en Puerto Rico
La Asociación de Constructores de Puerto Rico, encabezada por su presidenta Pinsy Rivera Ortiz, exige que el gobierno federal aplique en la isla las mismas métricas que usa en los estados para determinar elegibilidad a ayudas federales de vivienda, señalando que la fórmula actual excluye a Puerto Rico del cálculo que toma como referencia el nivel federal de pobreza. La controversia surge en medio de la aprobación de la Ley ROAD, nueva legislación federal de estímulo a la construcción de viviendas.
Según la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, un trabajador promedio en Puerto Rico debe trabajar más de 40 horas semanales para costear una vivienda modesta de dos habitaciones; la disparidad en los límites de ingreso reduce el universo de residentes que pueden cualificar para asistencia federal, agravando la crisis de accesibilidad.
Desde la Ley de Vivienda de 1937, los programas federales administrados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano utilizan límites de ingreso basados en la mediana del área; Puerto Rico ha quedado excluido de la disposición que permite usar el nivel federal de pobreza como referencia alternativa, un trato diferenciado que los constructores llevan años señalando.
Esta nota ilumina el hilo persistente de la desigualdad de trato federal hacia Puerto Rico, en este caso dentro del sistema de vivienda, y sus consecuencias directas sobre el costo de vida y la movilidad económica de los residentes.