Asociación de Alcaldes rebate a Junta Fiscal sobre arbitrios municipales de construcción
El 17 de junio de 2026, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico rechazó la posición de la Junta Fiscal, que el 1 de junio ordenó no implementar las leyes 141-2024 y 215-2024 hasta determinar si cumplen con PROMESA. El presidente de la organización, Jorge González Otero, argumentó que la Ley 215-2024 no creó un nuevo arbitrio sino que confirma uno vigente desde hace casi 30 años, y citó comunicaciones de FEMA y COR3 de 2019 y 2021 que reconocen el pago del arbitrio como costo autorizado en proyectos federales.
La disputa afecta directamente los ingresos municipales vinculados a proyectos de construcción financiados con fondos federales, en un momento en que los municipios dependen de esos recursos para su operación. La Junta Fiscal exigió a ambas federaciones de alcaldes confirmar antes del 22 de junio que notificaron su posición a los municipios miembros.
La Junta Fiscal tiene autoridad bajo PROMESA para revisar y suspender leyes que considere incompatibles con los planes fiscales aprobados, lo que ha generado fricciones recurrentes con el gobierno y los municipios de Puerto Rico. La Asociación también citó el caso HBA Contractors, Inc. v. Municipio de Ceiba, en el que el Tribunal Supremo de Puerto Rico validó el cobro del arbitrio a un contratista privado que trabajaba para una agencia federal en terrenos de la antigua Base Naval Roosevelt Roads.
Esta nota ilustra la tensión estructural entre la autonomía municipal y la supervisión fiscal federal bajo PROMESA, un conflicto que define el margen real de gobernanza local en Puerto Rico.