Apelaciones confirma que senador Hernández Ortiz no podía exigir documentos de Justicia por su cuenta
El 24 de agosto de 2026, un panel del Tribunal de Apelaciones integrado por las juezas Lersy Boria Vizcarrondo, Monsita Rivera Marchand y Ana M. Mateu Meléndez confirmó la desestimación de la demanda del senador popular Luis Javier Hernández Ortiz contra el Departamento de Justicia, determinando que no tenía legitimación activa bajo el Artículo 34-A del Código Político para exigir judicialmente documentos sobre casos archivados en DIPAC.
La decisión no resuelve si los expedientes son confidenciales ni si el Senado tiene derecho a obtenerlos, dejando abierto el conflicto entre el Poder Legislativo y la secretaria de Justicia Lourdes L. Gómez Torres, quien reiteró que la agencia actúa conforme a derecho y no tiene nada que ocultar.
La disputa surgió tras la aprobación de la Orden Administrativa 2025-09, que estableció normas para archivar casos bajo investigación en DIPAC sin determinación por dos años o más; el Senado aprobó unánimemente dos veces requerir la información, y Justicia se negó alegando confidencialidad del proceso investigativo interno.
El caso ilumina la tensión constitucional entre las facultades de fiscalización del Poder Legislativo y la potestad del Ejecutivo de proteger información investigativa, un hilo recurrente en la relación entre las ramas del gobierno en Puerto Rico.