Amnistía Internacional alerta sobre deterioro democrático y cívico en Puerto Rico

Amnistía Internacional denunció el 21 de junio de 2026 que Puerto Rico enfrenta un patrón de medidas legislativas y gubernamentales que restringen el espacio cívico, incluyendo la Ley 156-2025 sobre acceso a información pública, leyes que limitan derechos de la comunidad LGBTIQ+, vigilancia tecnológica contra manifestantes y colaboración policial con ICE en operativos contra migrantes.

La organización señala leyes concretas —entre ellas la Ley 82-2026, que exige una fianza del 10% del valor de un proyecto para impugnar permisos de construcción— como barreras materiales al acceso a la justicia ambiental y a la fiscalización ciudadana del gobierno.

Amnistía Internacional opera una sección en Puerto Rico que monitorea derechos civiles y políticos; su directora ejecutiva, Liza Gallardo Martín, y la investigadora Maritza Maymí Hernández presentaron los señalamientos agrupando legislación aprobada entre 2025 y 2026 como parte de un mismo patrón.