Alcalde de Cataño demanda a la Contralora para retirar informe de auditoría
El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, reconoció el martes 19 de mayo que hubo 'fallas administrativas' —incluyendo correos con material político partidista en computadoras municipales— pero evitó nombrar a los funcionarios investigados y acudió al Tribunal de Primera Instancia para exigir que la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) retire el informe de auditoría. Alicea Vasallo alega que la OCPR publicó el documento antes de que pudiera presentar sus comentarios y que la dependencia violó una orden judicial al recibir el emplazamiento el jueves pero declarar haberlo recibido el sábado.
El alcalde refirió el hallazgo principal a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) el 24 de abril, pero su negativa a identificar a los funcionarios involucrados y su acción legal para retirar el informe generan dudas sobre el alcance real de la rendición de cuentas en el municipio. La OCPR ya realizó referidos al Departamento de Justicia y la OEG por un alegado patrón de uso indebido de propiedad, fondos, personal y sistemas municipales.
El informe de auditoría, divulgado el viernes anterior al 19 de mayo, documentó un alegado patrón consistente de uso de recursos municipales para actividades ajenas al interés público; la contralora Carmen Vega Fournier ya había referido el caso a Justicia y a la OEG antes de que el alcalde intentara, a principios de mayo, impedir judicialmente su publicación.
Esta nota ilumina la tensión estructural entre alcaldes y la Contralora sobre los límites del escrutinio público a los gobiernos municipales, y el uso del sistema judicial como herramienta para frenar la divulgación de informes de fiscalización.