ACLU y Comité Dominicano documentan aumento de operativos de ICE en Puerto Rico
En las primeras semanas de julio de 2026, la ACLU de Puerto Rico documentó operativos de ICE que incluyen agresiones físicas, intervenciones arbitrarias frente a menores y violaciones al debido proceso; entre los casos denunciados está el de Inocencia Rodríguez, detenida el 15 de julio en un control de acceso en Guaynabo por al menos ocho agentes. El Comité Dominicano de Derechos Humanos señala que los arrestos se han concentrado en comunidades dominicanas y haitianas y que la intensidad de las operaciones aumentó desde inicios de 2026.
Más de cinco mil personas obtuvieron licencias de conducir sin estatus migratorio regular bajo un programa que el Comité alega que la gobernadora compartió con ICE, convirtiendo ese documento en herramienta de rastreo; activistas también sospechan el uso de reconocimiento facial vinculado a contratos entre ICE y la empresa Palantir Technologies. Los arrestos han separado familias, incluidas las de menores con necesidades de educación especial, y el Comité reporta varios suicidios entre personas detenidas o en riesgo de deportación.
ICE opera en Puerto Rico como jurisdicción federal, con autoridad directa sin filtro del gobierno estatal. El Comité Dominicano impulsó la legislación de licencias de conducir para personas sin documentación migratoria, medida que buscaba proteger a esa comunidad y que ahora denuncia como revertida en su propósito. Palantir Technologies tiene contrato con ICE para minería de datos e inteligencia artificial, y Genera PR firmó un acuerdo separado con la misma empresa para operaciones de plantas generatrices.
Esta nota ilumina la intersección entre política migratoria federal, gobernanza local y tecnología de vigilancia en Puerto Rico, un hilo que afecta a comunidades de decenas de miles de personas en la isla.