ACLU denuncia ante el Congreso cooperación ilegal entre policías municipales e ICE en Puerto Rico
El 15 de mayo de 2026, la abogada de política pública de la ACLU de Puerto Rico, Lolimar Escudero Rodríguez, declaró ante una vista congresional paralela que policías municipales en la isla han asumido funciones migratorias de facto —sin autorización legal ni órdenes judiciales— en colaboración con el ICE.
La ACLU advierte que estas prácticas ocurren fuera del marco del programa federal 287(g), que exige acuerdos formales para delegar funciones migratorias a autoridades locales, lo que expone a las comunidades inmigrantes a perfilamiento racial, detenciones arbitrarias y separación familiar.
El programa 287(g) de la Ley de Inmigración y Naturalización permite al ICE delegar funciones migratorias a agencias locales mediante acuerdos formales; la ACLU alega que en Puerto Rico esa colaboración ocurre fuera de ese marco, reproduciendo abusos documentados en otras jurisdicciones.
Esta nota ilumina la tensión entre las políticas federales de inmigración y los derechos civiles en Puerto Rico, donde el estatus territorial complica la rendición de cuentas ante ambos niveles de gobierno.