Académico propone redefinir arquitectura de capital en cooperativas de Puerto Rico
El analista Alberto L. Martín Rivera publicó una propuesta conceptual para reorganizar la estructura de capital del sistema cooperativo de Puerto Rico, estableciendo una jerarquía explícita entre membresía, cuentas del socio y capital institucional en la absorción de pérdidas. La propuesta, desarrollada como cierre de una serie de artículos, identifica zonas de ambigüedad funcional en la Ley 255-2002 de Cooperativas de Ahorro y Crédito y sugiere que su implementación requeriría evaluación legislativa y regulatoria.
Si se adoptara, el modelo redefiniría cómo se contabiliza el riesgo en instituciones cooperativas que sirven a cientos de miles de socios en Puerto Rico, reduciendo ambigüedades en la clasificación contable bajo marcos internacionales. La propuesta plantea que la membresía del socio solo quedaría expuesta en un nivel residual o terciario, en escenarios extremos de insolvencia total.
La Ley 255-2002 reconoce el capital indivisible cooperativo como elemento irrepartible y permanente, pero sin una estructura técnica que lo organice dentro de un modelo moderno de gestión de riesgos. El sistema cooperativo de Puerto Rico ha operado históricamente bajo interpretaciones implícitas sobre quién absorbe las pérdidas, lo que según el autor genera tensiones en la lectura prudencial y contable del modelo.
Esta nota ilumina el debate sobre la regulación y sostenibilidad del sistema financiero cooperativo puertorriqueño, un sector que maneja los ahorros de una porción significativa de la población y cuya arquitectura de capital tiene implicaciones directas para la estabilidad económica de la isla.