JSF certifica plan fiscal de la UPR con ajustes mínimos para el año fiscal 2026-2027
El 6 de junio de 2026, la Junta de Supervisión Fiscal certificó una revisión al plan fiscal de la UPR que incorpora proyecciones de ingresos y gastos para el año fiscal 2026-2027, con cambios mínimos respecto al año fiscal que concluye el 30 de junio, tras rechazar las enmiendas sometidas por la presidenta Zayira Jordán Conde el 27 de mayo por no cumplir con los requisitos de PROMESA.
La certificación mantiene sobre la mesa posibles aumentos en matrícula y cuotas estudiantiles, reformas al sistema de pensiones y una revisión del marco de compensación —medidas que la administración universitaria había defendido descartar— y obliga a la UPR a preparar un nuevo plan fiscal integral de cara al año fiscal 2028.
La JSF había emitido el 23 de mayo un aviso de violación que señaló rezago en la ejecución de reformas y atribuyó parte de la inestabilidad institucional a que la UPR tuvo tres presidentes en menos de dos años; los empleados no docentes no han visto una revisión de sus escalas salariales en 14 años.
Esta nota ilumina la tensión estructural entre el liderato de la UPR —el principal centro docente público del país— y el ente federal que controla sus finanzas, en un momento en que están en juego el costo de estudiar, las pensiones de sus jubilados y las condiciones laborales de su personal.