Abogado estadista analiza el P de la S 1062 sobre estudiantes inmigrantes

El Senado aprobó el 5 de noviembre el Proyecto del Senado 1062, presentado por la senadora Nitza Morán Trinidad, para garantizar que ningún menor sea privado de educación pública por su condición migratoria, proteger la confidencialidad de expedientes y establecer protocolos ante intervenciones federales en las escuelas. La versión aprobada eliminó una disposición sobre órdenes administrativas, pero mantuvo cambios que, según críticos, condicionan la permanencia de menores en espacios seguros a las facultades de las autoridades federales.

La medida busca delimitar cómo las escuelas públicas responden a operativos migratorios federales, un asunto que toca directamente a miles de estudiantes en la Isla. El debate se centra en si los mecanismos aprobados ofrecen protección real o dejan margen a intervenciones durante el horario escolar.

Desde 1982, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció en Plyler v. Doe que excluir a menores indocumentados de la educación pública viola la igual protección de las leyes. Puerto Rico no puede impedir el ejercicio de facultades federales en materia migratoria, pero legisladores y organizaciones de derechos civiles han cuestionado las enmiendas introducidas al proyecto.