Reforma de permisos y uso de terrenos

Resumen ejecutivo

Los proyectos PC 1213 y PS 1183 impulsados por la gobernadora Jenniffer González y el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz buscan reformar el sistema de permisos en Puerto Rico, centralizando decisiones en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y permitiendo el uso de inteligencia artificial en evaluaciones. La iniciativa ha generado un rechazo amplio y poco habitual: planificadores profesionales agrupados en Planifiquemos calificaron las propuestas de 'disparate', advirtiendo que debilitan el Plan de Uso de Terrenos y los planes de ordenamiento territorial municipales. Tanto la Asociación como la Federación de Alcaldes —representando a ambos partidos principales— se han opuesto públicamente, argumentando que la reforma despoja a los municipios de competencias clave sobre su propio desarrollo. Paralelamente, el PC 310 y el PC 25 buscan imponer fianzas millonarias a quienes impugnen proyectos de construcción, lo que coaliciones ambientales como la Coalición Defiende a Cabo Rojo y el caso Esencia denuncian como un mecanismo para silenciar oposición ciudadana en la zona marítimo terrestre y áreas ecológicamente sensibles. El expediente sigue una pugna estructural sobre quién decide el futuro del territorio puertorriqueño: si las agencias centrales y desarrolladores privados, o los municipios, comunidades y profesionales de la planificación. La discusión combina debilitamiento institucional, captura regulatoria y derechos de participación ciudadana, en un contexto donde la presión por acelerar permisos coincide con megaproyectos turísticos e inmobiliarios controvertidos. La votación de estas piezas determinará el marco regulatorio del desarrollo en la isla durante la próxima década.

Actores clave

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